ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LIBERTAD DE PRENSA PRESENTAN INFORME AMICUS CURIAE EN EL CASO MARIA RESSA

 Nueva York / París / Washington DC, 20 de junio de 2024 — En un esfuerzo por disuadir la persecución legal de la periodista pionera y premio Nobel María Ressa y su ex colega Reynaldo Santos, y para proteger el derecho del público a estar informado, tres líderes de la sociedad civil organizaciones han presentado un escrito amicus curiae ante la Corte Suprema de Filipinas. El escrito fue presentado el 13 de junio por el Comité para la Protección de los Periodistas ( CPJ ), el Centro Internacional para Periodistas ( ICFJ ) y Reporteros Sin Fronteras ( RSF ) en asociación con Debevoise y Plimpton LLP . Sostiene que las condenas penales de Ressa y Santos por "difamación cibernética" no sólo violan las obligaciones internacionales de Filipinas sino que traicionan un legado de libertad de prensa que el tribunal ha reafirmado durante más de un siglo.

Los cargos en este caso se relacionan con una historia de investigación del 2012 publicada por el medio de noticias en línea de Ressa, Rappler, sobre el empresario Wilfredo Keng y el presidente del Tribunal Supremo, quien fue visto usando un automóvil que supuestamente pertenecía a Keng. Después de que Keng presentara una denuncia por difamación contra Ressa y Santos en 2017, los periodistas fueron acusados ​​penalmente y finalmente condenados por un tribunal de primera instancia de Manila. En los últimos años, Ressa, sus colegas y el medio de noticias en línea Rappler se han enfrentado a una campaña sostenida de persecución legal y violencia en línea , con 23 casos individuales abiertos por el gobierno contra ellos desde 2018. Ressa y Santos enfrentan cerca de siete años de prisión. si se confirman sus condenas por difamación cibernética,

que actualmente se encuentran en la última etapa de apelaciones ante la Corte Suprema de Filipinas. "Doce años después de la publicación de un artículo que se ha entretejido en una campaña viciosa contra Maria Ressa, Rappler y otros miembros de la prensa, está más claro que nunca que este caso espurio destinado a silenciar la información crítica e independiente simplemente no se sostiene. Instamos al tribunal a anular las condenas injustas contra Ressa y Santos. Esta utilización de la ley como arma debe llegar a su fin", dijeron el CPJ, el ICFJ y RSF.

Citando el derecho internacional y precedentes nacionales, el escrito sostiene que este caso y la penalización de la difamación por parte del gobierno de Filipinas no están alineados con las mejores prácticas legales actuales y son incompatibles con el derecho internacional:

En resumen, los periodistas no pueden hacer su trabajo bajo la espada de Damocles de la responsabilidad penal. Tienen el deber de satisfacer el interés público de estar informados sobre los asuntos públicos, y deben tomar decisiones diarias y expeditas sobre qué información reportar con un conjunto de hechos inherentemente limitado. La perspectiva de enfrentar responsabilidad penal por supuestamente informar erróneamente hechos –o peor aún, ser castigados por informar con precisión– tendrá un profundo efecto paralizador, al disuadir a los periodistas de adentrarse en temas delicados que a menudo son los de mayor preocupación pública. Esto, a su vez, socava el derecho del público a acceder a la información y erosiona la libertad de expresión en términos más generales, costos que son enormemente desproporcionados con respecto a los intereses que aparentemente protegen los cargos por difamación.

Este escrito, si es admitido por la Corte, sería la tercera intervención 'amicus curiae' aceptada en este caso, luego de las presentaciones del Relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión y el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados en la apelación final de Ressa sobre su condena por difamación ante el Tribunal Supremo de Filipinas.

El escrito fue escrito principalmente por Natalie Reid, copresidenta del Grupo de Derecho Internacional Público de Debevoise, en colaboración con Kristina Conti, abogada de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo en la Región de la Capital Nacional de Filipinas.

[ Se comparte íntegro el comunicado del International Center For Journalists "ICFJ" (Centro Internacional para Periodistas) ]

Crédito de foto: Franz Lopez/Rappler